Sin bombos ni platillos, y con un silencio muy llamativo frente a la mayoría de acciones de cierre del Gobierno Santos (con informes y balances con alta dosis de maquillaje y hasta un simpático “youtuber” del presidente saliente), el pasado 25 de julio apareció firmado por la ahora exministra de Educación, Yaneth Giha, el decreto 1280 que regula el “Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 sobre acreditación”, entre otros aspectos, y que afecta significativamente el modelo de planeación de la calidad de las instituciones de educación superior (IES), la planeación de su oferta académica y, sobre todo, atenta contra los desarrollos de la autonomía universitaria con un esquema que, erróneamente, pretende estandarizar los resultados de calidad desconociendo el compromiso de IES que, como la UNAD, generan una posibilidad formativa en entornos de diversidad y de inclusión de miles de colombianos que, gracias a la modalidad virtual y a distancia, se forman en cientos de municipios con las más variadas características culturales y de entorno.
El decreto surgió como una propuesta, en abril pasado, y pese a recibir más de 700 comentarios de la comunidad académica y del compromiso público de los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional de acoger los aportes y favorecer el análisis académico, nunca más fue analizado con el sector y, en cambio, la versión final fue misteriosamente ocultada a rectores, e incluso a decisores de política como el Consejo Nacional de Educación Superior CESU. Estuvo embolsillado por más de 10 semanas y la versión final, que es muy diferente de la que originalmente se presentó a los interesados, simplemente fue firmada por la ministra sin importar las advertencias del sector sobre el malestar que causaría hacerlo. El sector mayoritario nunca fue escuchado y ante nuestras permanentes preguntas sobre el avance del proyecto de decreto, reinó un mutismo absoluto y descortés se apoderó de los responsables en el Viceministerio de Educación Superior, hasta que fuimos sorprendidos con una versión final, aún poco entendible en el sector.
El Ministerio se envalentonó gracias al apoyo de un conciliábulo de asesores y uno que otro rector de las mal llamadas “universidades grandes” (léase como tal aquellas tradicionales, generalmente privadas, que por sus altos ingresos económicos y cercanía al poder gozan de los beneficios de las políticas públicas, como, por ejemplo, el programa Ser Pilo Paga, los contratos directos del Estado o la cercanía a proyectos con entidades como Colciencias).
Estas Universidades “grandes” consideran que las que no actúen igual que ellas no son IES dignas de estar en el sistema y desconocen los esfuerzos de decenas de otras Instituciones que se constituyen en una real oportunidad de potenciación social y laboral de miles de colombianos que, de otra forma, por distancia geográfica, restricciones de acceso o costo económico, no pueden formarse en sus instalaciones.
Esas Universidades parecen desconocer o, más bien, intencionalmente quieren desconocer, que en Colombia hay 290 IES; que las acreditadas no superan el 20% y que más de la mitad de la extensión geográfica del país no cuenta con la oferta de las “grandes”. El Ministerio y sus asesores creen que los rankings, la presencialidad, la acreditación y los profesores con doctorado, entre otros aspectos, son los únicos criterios válidos para hablar de un sistema de aseguramiento de la calidad, y desconocen que la diversidad, la virtualidad, la pertinencia y la educación acorde a la complejidad social del país, entre otros, se han ido constituyendo en los nuevos referentes que los bachilleres y el mercado laboral demandan de la educación superior.
El resultado de esta gestión del Ministerio de Educación: Un decreto que frena el interés de las propias IES de afianzar esquemas y modelos innovadores de educación que puedan responder a las problemáticas históricas de exclusión, inequidad y falta de pertinencia y calidad educativa para la mayoría de los conciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Entiéndaseme bien: No estoy negando ni desconociendo la necesidad de que nuestra educación superior cuente con un Sistema de Aseguramiento de Calidad que articule procesos e integre las acciones de registro calificado y acreditación, entre otros, pues es unánime el consenso de que han sido dos instancias aisladas, sin diálogo y con orgullosos académicos que han hecho daño al concepto de calidad. Estoy cuestionando, y conmigo decenas de rectores y cientos de académicos, cómo, en contravía del espíritu propio de la academia y de la gerencia mínima esperada del Ministerio, se desconocen de forma grosera nuestros aportes frente a una iniciativa en la que nunca estuvimos de acuerdo, porque -sencillamente- reflejaba el interés de unos pocos en contravía del favorecimiento de más y novedosas nuevas oportunidades de acceso y permanencia educativa a miles de jóvenes dispersos en la ruralidad colombiana.
El Decreto aún está siendo digerido por el sector, pues tiene muchas preguntas, además de serios problemas de técnica jurídica y estructura. Un simple ejemplo: Llama la atención, por ejemplo, que la norma diga ”que para alcanzar estos objetivos, corresponde armonizar las condiciones de calidad para obtener el registro calificado y los factores de acreditación voluntaria de alta calidad, aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), mediante 14 condiciones, 2 de las cuales -profesores e investigación- tienen componentes tanto a nivel institucional como de programa, que aseguran una valoración coherente y consistente en los procesos de aseguramiento de la calidad”. Todo pareciera claro, mas olvida la norma que en un país como Colombia y en especial en nuestras regiones y provincias la armonía aún no es posible y, por el contrario, sigue siendo una gran meta de país; no se puede legislar como si Colombia fuere Francia, Alemania, Austria, Suiza y muchos más, en donde la luz eléctrica, la conectividad, las vías de acceso, la inclusión educativa y social llegaron para quedarse dando bienestar integral a sus pobladores.
En el caso de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD, cuya oferta llega al 90% de los municipios de Colombia, a través de su red de centros zonales y regionales, aplicar el decreto sería un imposible, máxime cuando gracias a la virtualidad y a las altas garantías de nuestra plataforma tecnológica, la atención docente in situ se fortalece de manera sustancial con docentes de programa y de curso ubicados en las grandes ciudades del país atendiendo estudiantes en lugares remotos y de difícil acceso físico a lo rural y lo provincial en Colombia; y cuando también se enriquece el proceso formativo de nuestros estudiantes con docentes ubicados en cualquier lugar del Planeta.
Nuestra experiencia institucional como UNAD, de ya 37 años, sumada a los aportes de ACESAD y todas las IES que agrupo, fueron puestos en conocimiento del Ministerio de Educación en las mesas de trabajo que para alguna época analizaron los borradores del Decreto 1280, pero sencillamente no fueron tenidas en cuenta.
Entonces, surge una simple pregunta, que el Ministerio deberá entrar a respondernos concretamente: Cómo podremos garantizar, por ejemplo, que en Cubará, Cumaral, Curumaní, Boavita, Puerto Carreño, Puerto Inirida, y, en fin, en muchos de los municipios de menos de 50 mil habitantes donde hacemos presencia educativa, la condición de calidad impuesta en este decreto para tener profesores in situ magísteres o doctores en todas las áreas del conocimiento de los programas de grado y posgrado que ofrecemos. Aumentar del 15 % al 25 % los créditos virtuales totalmente desarrollados que deben ofrecer los programas que buscan registro es otra forma de fijar “peajes técnicos” que se traducen en sabotaje al esfuerzo de decenas de IES que quieren llegar a todos los colombianos. ¿Cómo le responderá a estos colombianos el Ministerio y sus asesores que el Estado realmente está comprometido con ellos?
Nuevamente, la ceguera de la ortodoxia educativa se impone desconociendo las ventajas e impactos de la educación virtual y a distancia. Una lástima este legado nefasto del Presidente Santos a la educación superior colombiana. Vendrán muchas discusiones, argumentaciones legales y reprocesos (además de sobrecostos) para que el nuevo Ministerio trate de encarrilar esta situación, pues la ministra Giha (mal asesorada) puso freno de mano a quienes lideramos proyectos educativos innovadores y de alto impacto a poblaciones excluidas de una nación ávida de transformaciones y de impactos sociales visibles y no de maquillajes de último momento.
Para superar este oscuro panorama que nos deja este decreto (e incluso, con la posible sorpresa de conocer otros firmados a última hora) es vital que la nueva Ministra de Educación y su equipo desaceleren y usen el criterio reflexivo y prudente que hace tiempo desapareció de esa entidad y, entre otros aspectos, den la vitalidad necesaria a la educación virtual y a distancia, como el vehículo que apoye los programas de cobertura, de calidad y de equidad educativa que requiere la otra Colombia (que es la mayoritaria), la olvidada y la desesperanzada, y que el presidente Duque ha reconocido como el necesario potencial para asegurar educación masiva con calidad.
Nunca como hoy, en la era posconflicto, se hace necesario construir y crear un mejor futuro para Colombia y ello solo se logrará con nuestro actuar ético y moral proporcionado desde las familias y afianzado por la institucionalidad educativa sin distingos, y un Ministerio de Educación que trabaje y piense en todo el sector y no en los intereses de unos pocos.
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Rector UNAD
Presidente ACESAD.
Agosto 7 de 2018
